Viene a colación el comentario ante la decisión que acaba de anunciar este 29 de diciembre 2015 el tribunal argentino donde recayó la causa abierta a raíz del estrellamiento de un ferrocarril que llegaba al andén de la Estación Once (Buenos Aires) hace poco más de dos años. El saldo del accidente fueron 51 muertos y más de 700 heridos. El tren operado por un concesionario privado aupado y protegido por el gobierno, utilizaba equipos inadecuados ya obsoletos, mal reparados, por cual a sabiendas de los operadores, lo recomendable era evitar emplearlos en el tráfico regular diario por la ruta suburbana servida, algunos vagones con años sin cuidos, reparaciones conforme a las normas y demás cuidados aconsejables para continuar rodando. En consecuencia, el tribunal resolvió no sólo penar a las cabezas de la operadora, como a quienes rindieron declaraciones falsas o se prestaron de modo consuetudinario a no velar por la seguridad del medio y sus usuarios.
La nómina de quienes ahora van presos incluye al (ex ministro) ex secretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner al momento del accidente. Así lo dictó el fallo de la causa ventilada en más 200 audiencias dedicadas a determinar las responsabilidades directas o no de la muerte en el accidente matutino de medio centenar de pasajeros. Claudio Cirigliano, directivo de Ferrocarriles de Buenos Aires, nueve años de prisión mientras el ex ministro ocho años de cárcel. Además del maquinista del tren y otros vinculados de diversas maneras al funcionamiento del tren, las adquisiciones de equipos y su mantenimiento, la atención del servicio ferroviario en la línea donde lugar la tragedia que enlutó y afectada desde entonces a centenares.
Nada parecido ha ocurrido en Venezuela. Aquí imperan las componendas que atropellan el debido proceder de la justicia que cuando ha dado, obsequió clemencia o dispensas a los responsables directos e indirectos, y dolor a las víctimas que, en el mejor de los casos, salen “indemnizadas” gracias a pólizas de seguros de “responsabilidad civil”, de dudosa cobertura eficaz. Si algo ofrecen es sumas ínfimas que por lo demás escamotean y más bien garantizan es diluir a favor del operador, las responsabilidades de los causantes que, hoy más que nunca antes, acaban sin nada que temer ni que ver con los inocentes de que es lo que de verdad hay por detrás. Los culpables acaban evadidos o excusados de cuanto les concierne. Descargados de responsabilidades en razón de figurar en las altas jerarquías del Estado empresario o encargado de velar por la seguridad y cumplimiento de los servicios ofertados o los que figuran en los niveles inferiores en tareas propias de la operación de sistemas de transporte colectivo públicos y privados. Lo ocurrido hoy debería servir de ejemplo en este país donde lo corriente es lo contrario al adecuado ejercicio de la justicia oportuna y eficaz.
La decisión de este tribunal no guarda relación alguna con el relevo de gobernantes en Argentina. Antes de la llegada de Macri estaba fijada la audiencia en la que se leería el dictamen que sin bien no apacigua dolor alguno entre las víctimas, expresa la anhelada justicia debida por el accidente del tren Sarmiento en la estación Once.
Es hora que el gobierno actúe para que existan garantías suficientes, advertidas, publicitadas y comprobables, de justo y oportuno reparo sin mezquindades ni argucias, a víctimas por empleo de cualquiera de los sistemas de transporte existentes en Venezuela.
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