Está planteada la reinstalación de una red de peajes como la desmantelada a partir de la orden dictada por el presidente Hugo Chávez en el 2008.
Chávez se hizo eco a las quejas de usuarios sobre el pobre estado de las vías por cuyo uso se cobraba un monto que en algunos casos dejaba al descubierto los gastos mínimos de operación del sistema de peajes además que lo recaudado empleaba en todo menos inversiones para mejoras, reparaciones o ampliación de la red vial regional.
El gobierno perseguía desmontar la descentralización para regresar al sistema centralizador de la totalidad de las tareas propias de un Estado que centralice todo el poder y facultades. Para dejar sin efecto el cobro de peajes donde estos existían, algunos a cargo de gobernaciones, se alegó incumplimiento con la distancia mínima permitida entre ellos, ausencia de vialidad alterna gratuita, y que la recaudación incumplía con el objetivo de mantener las vías en adecuadas condiciones. Para transportistas ahora quejosos por el cómo los afecta el estado de las vías de tránsito terrestre, los montos cancelados por concepto de peajes los obligaba a incrementar los fletes o el costo de los pasajes, en constante aumento, librando muy pocos asientos para beneficio de pasajeros de la tercera edad, inválidos y otros protegidos por precisas disposiciones no atendidas en las terminales.
En nuestro país, el peaje 1. Derecho de tránsito. 2. Lugar donde se paga el peaje) se implementa a partir de la inauguración de la autopista Caracas-La Guaira el 2 de diciembre de 1953. En los accesos al puente Rafael Urdaneta sobre el lago de Maracaibo se instalaron los segundos peajes en Venezuela.
Vista la necesidad de mejorar la recaudación de los peajes existentes en la década de 1980, y como parte de la política de descentralización, la experiencia venezolana previa incluyó la entrega en concesión de tramos de autopistas y carreteras de primera. Ese régimen funcionó bien aunque no sin inconvenientes e incluso pérdidas y litigios internacionales significó para los concesionarios y la nación. En el caso de la firma contratista original mexicano-venezolana, a cargo de la autopista Caracas-La Guaira, se le desconoció dos años más tarde lo convenido con el Estado en 1966 así como lo realizado en cuanto a estudios y mejoras en dicha arteria vial y conexos. El contrato con Consorcio Baninsa-Ica, luego Autopista Concesionada de Venezuela Aucoven C. A., de diciembre de 1996, contemplaba la construcción (vialidad alterna al viaducto N° 1), explotación, conservación y mantenimiento del denominado Sistema Vial autopista Caracas-La Guaira y carretera vieja Caracas-La Guaira y de sus servicios conexos.
La quiebra de parte del sistema financiero en la transición gubernamental Carlos Andrés Pérez II-Ramón J. Velásquez-Rafael Caldera II- arrastró apreciable parte del sistema de peajes que como en el caso de la Autopista Regional del Centro, era recaudado y administrado por una de las empresas bancarias de Orlando Castro.
Además, una nueva versión de la Ley de Concesiones bajo la cual se suscribieron los contratos relativos a bienes nacionales, alteró en forma sustantiva estipulaciones bajo las cuales en la década de 1980 la República suscribió la gestión de particulares sobre infraestructuras viales.
El Presidente Nicolás Maduro retoma el modelo de los peajes. A tal efecto, anunció la víspera de Navidad de este 2014 que su gobierno estudia una propuesta del Ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, Haiman El Troudi, para reactivar los peajes y ejecutar un plan para que los gobernadores puedan administrarlos.
“Vamos a poner en ejecución un nuevo plan para que gobernadores que trabajan tengan en sus manos la organización y administración de peajes nacionales y que puedan darle una nueva forma de funcionamiento a todo este sistema, que nos permita optimizar, hacer más efectivo el mantenimiento de las vías nacionales y nos permita un conjunto de ingresos que motiven la actividad de construcción”. –dijo el presidente Maduro.
Flash de Motor, al reseñar el anuncio presidencial en su edición digital del 29/12/2014, registra que el diario ‘El Nacional’ comentó que Maduro expresó que la acción es necesaria para hacer más efectiva la “inversión concreta” y optimizar el mantenimiento de las vías, aunque no preciso de cuántos ni de cuáles peajes se trataba.
“Devolver los peajes a las gobernaciones es un poco perverso”, cree Celia Herrera, Presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Transporte y Vialidad (Sotravial). Para la experta, el trabajo para las autoridades regionales será difícil, pues la decisión que acabó con 42 puntos de cobro en carreteras y autopistas desmanteló toda una estructura de servicios que ya existía y que se perdió por completo. “Les vas a devolver algo que no sirve o es inexistente. A menos de que el gobierno cree las condiciones y la infraestructura para la implementación de los peajes…”, dijo. La razón de ser de los peajes es recaudar fondos para el mantenimiento y la adecuación de la vialidad, garantizar la presencia de grúas, de servicios auxiliares, bomberos y protección civil en cada arteria vial, recordó Herrera. “Lo que me preocupa es cómo le dirán a los transportistas que les van a cobrar un dinero que habían dejado de pagar hace años”, explicó.
La Presidenta de Sotravial opina que una buena opción para rearmar las estructuras que se perdieron y reconstruir la fuerza de trabajo especializada sería manejar los peajes a través de concesiones. Herrera evalúa la centralización del mantenimiento vial que siguió a la medida decretada por Hugo Chávez como contraproducente: “Es necesario delegar. Una buena gestión de gobierno supone confiar en las autoridades regionales”.
A pesar de las iniciativas desde Caracas tendentes a darle mantenimiento adecuado y oportuno, construir, corregir o reconstruir tramos, abundan comentarios en cuanto al mal estado e incluso los peligros de circular por la red vial nacional. No alcanza la acción del gobierno central como tampoco ofician –en parte debido a la falta de recursos financieros y técnicos o adecuada gerencia-, gobernaciones ni autoridades municipales.
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